Dejan en firme condena contra dos delincuentes del gobierno de Uribe

Por: Camilo Raigozo
14/09/2016

Los delincuentes del gobierno
de Uribe Sabas Pretelt, Diego
Palacio y Alberto Velásquez.
Todos condenados. Foto: Cmi.
La  Corte Constitucional dejó en firme la condena contra el delincuente del gobierno de Uribe, Diego Palacio, condenado por la Corte Suprema de Justicia a solo seis años y medio de cárcel por el delito de cohecho en el escándalo de la “Yidispolítica”.

Al facineroso se le comprobó su participación en la compra de conciencia de varios congresistas para que votaran a favor de la reelección presidencial de Uribe.

El bandido delinquió desde la jefatura del Ministerio de Protección Social a donde fue nombrado por su secuaz Álvaro Uribe. Este último, haciendo alarde de un cinismo sin igual, ha manifestado y denunciado que la judicialización y encarcelamiento de los delincuentes que gobernaron con él, es persecución política.

En el debate jurídico la Sala rechazó por mayoría la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero quien aseguró que en el proceso penal se le vulneraron a Palacio Betancourt sus derechos al debido proceso y defensa, hecho por el cual no se le permitió presentar sus argumentos para contrariar a la testigo clave en este proceso: la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina Padilla, señaló El Espectador.

El gobierno de Uribe fue un gobierno
de delincuentes. Gráfica: Internet.
Al  forajido se le comprobó el delito de cohecho al comprar el voto de la congresista Yidis Medina con la dirección de un hospital en Barrancabermeja, así como contratos y convenios. Palacio paga la condena en una guarnición militar en vez de estar en la cárcel La Picota.

Igualmente fue ratificada la condena de cinco años de prisión en contra del malhechor Alberto Velásquez, exsecretario general de Uribe por haber presionado a varios congresistas para que votaran a favor de la reelección inmediata del presunto delincuente Álvaro Uribe.

Cabe anotar que al menos el segundo gobierno de Uribe fue ilegal, producto de la concurrencia de varios delitos. Sin embargo el directo beneficiario de los dolos no ha sido tocado por la justicia, lo que se traduce en una aberrante impunidad.

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