domingo, enero 21, 2007

Foto: Semana
Parauribismo
Masacres de Mancuso en las que Uribe Vélez pasa de agache
La coartada de Mancuso para proteger a sus cómplices es acusar entre los militares solo a personas muertas o ya condenadas y entre los políticos acusarlos a todos.
Queda demostrado que las declaraciones de los ‘paras’ ante la justicia no tienen el objetivo de aportar a la verdad, sino de ocultarla. Está en marcha una ley de impunidad no declarada
Por Camilo Raigozo. Voz

Luego de las masacres perpetradas por narcoparamilitares de Mancuso, con la colaboración y aquiescencia de autoridades militares y civiles en el corregimiento de La Granja en el municipio de Ituango (Antioquia), en junio de 1996, miembros de la sociedad civil de ese municipio, elevaron numerosas comunicaciones a las distintas autoridades locales y departamentales, solicitándoles la protección de la vida y la integridad de los pobladores.

Entre estas personas se destacó el abogado y defensor de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, quién elevó comunicaciones a las autoridades departamentales, informándoles sobre la amenaza paramilitar en la región.

El 20 de noviembre de 1996, Valle Jaramillo se comunicó con el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez y con el defensor del pueblo de Medellín y les solicitó con suma urgencia protección para la población de El Aro, municipio de Ituango, donde se iba a realizar otra masacre paramilitar.

La solicitud fue reiterativa, y ampliada el 20 de enero de 1997 por la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, quién debido al mutismo guardado por el gobernador y las demás autoridades civiles y militares del departamento antioqueño, la extendió a las autoridades nacionales.


El gobernador Álvaro Uribe Vélez le negó a Valle Jaramillo lo que le solicitaba de manera apremiante para proteger a las comunidades de Ituango de la máquina de terror militar-paramilitar. 

Al contrario, el defensor de derechos humanos fue asesinado el 27 de febrero de 1998 dentro de su oficina ubicada en el cuarto piso del edificio Colón en el centro de Medellín.

Tampoco valieron las súplicas de la población de Ituango, ni las de la población de Urabá, ni las de toda Antioquia, al entonces gobernador de ese departamento, pues en estos municipios, había empezado por aquel año, a impulsarse las Convivir, que dirigía el propio gobernador Álvaro Uribe Vélez. 


Mancuso ha sostenido en varias ocasiones que su primer vínculo con las armas lo tuvo con las Convivir.

Fue así como entre el 12 de octubre y el 22 de noviembre de 1997, los paramilitares, con ayuda de los militares de la Cuarta Brigada del Ejército ingresaron a El Aro y dejaron una estela de campesinos asesinados. 


El clímax de la barbarie tuvo lugar entre el 22 y el 25 de octubre con la matanza de 16 campesinos en el casco urbano del corregimiento de El Aro. 

Algunos antes de morir, lucharon con tenacidad para mantener sus intestinos dentro de sus cuerpos; otros alcanzaron a ver como los paramilitares hacían goles usando como balón las cabezas de sus amigos en el sitio donde los reunieron para matarlos, mientras un helicóptero del Ejército aterrizó allí mismo a reaprovisionar a los criminales y otro helicóptero de la Gobernación lo imitaba, según recopilación de información de varias ONG defensoras de derechos humanos.

Varias motosierras fueron estrenadas, cerca de 1.000 familias fueron desplazadas, mas de 1.200 reses fueron robadas y al menos 40 viviendas fueron quemadas.

Según la confesión del cabecilla narcoparamilitar Salvatore Mancuso a la Fiscalía, en el marco de la vergonzosa “Ley de Justicia y Paz”, la masacre se planificó en la IV Brigada con el general, ya muerto, Alfonso Manosalva.

En las confesiones Mancuso ha reconocido 336 asesinatos, pero según la Fundación Progresar, en solo el Catatumbo y el resto de N de Santander, sus bloques cometieron más de 16.400 crímenes entre 1999 y 2004, siendo ese apenas uno de los 10 departamentos que Mancuso incluyó en los relatos sobre su travesía criminal.

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