jueves, mayo 10, 2007

Plan de Desarrollo
Cincuenta mil estudiantes defienden la universidad pública

Después de haberse dispersado pacíficamente la manifestación, sobre la carrera décima presuntos infiltrados accionaron papas explosivas y la policía detuvo al menos a dos estudiantes
Por Camilo Raigozo

Este jueves 10 de mayo y desde tempranas horas de la mañana, miles de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades capitalinas, Nacional, Distrital, Pedagógica y otras privadas, caminaron por las principales vías bogotanas en ambiente pacífico y carnavalesco, para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo, porque este obliga a las universidades públicas a destinar cuantiosos recursos para pagar los pasivos pensionales, avocándolas a la quiebra y privatizándolas después.

La ley determina además, desmesuradas alzas en las matrículas que pagan los estudiantes, lo que dejaría sin ninguna posibilidad de acceso a un número aun mayor de estudiantes de las clases menos favorecidas aumentándose mucho más la ya abismal exclusión social.

La siguiente es la constancia que el Polo Democrático Alternativo radicó en el Congreso, la cual fue suministrada a Notimundo por la oficina de prensa del senador Jorge Robledo.

Plan de desarrollo 2006-2010: grave ataque a la universidad Pública


Declaración de la Bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso, Bogotá, 10 de mayo de 2007

Fiel como el que más a la política neoliberal, Álvaro Uribe Vélez, desde su posesión en agosto de 2002, puso todo su empeño en asestar más golpes al ya lesionado sistema de financiación pública de las universidades estatales. Por los decretos y medidas, las acciones del Ministerio de Hacienda y la irresponsabilidad del Ministerio de Educación, a las instituciones públicas de educación superior se les dejó de transferir $360 mil millones entre 2003 y el 2007, tres veces el presupuesto de Colciencias en un año.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2007 será mayor el asalto a los recursos públicos de las universidades. Los artículos 34 y 38, aprobados por las mayorías uribistas en el Congreso, profundizarán los ajustes financieros a los que ya han sido sometidas varias universidades llevándolas incluso al cierre, como es el caso de la Universidad del Atlántico. El Gobierno, además, en forma velada y con una redacción mañosa, se deshace de su responsabilidad con la atención del pasivo pensional de las universidades.


En el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, la agresión oficial tendrá consecuencias desastrosas, pues como ella acumula una deuda pensional de cuatro billones de pesos, el gobierno la empuja a atender el pago con alzas escandalosas en las matrículas, el recorte del bienestar estudiantil y un brutal desmejoramiento de la calidad académica.

La política oficial en materia educativa no es otra que la de profundizar la privatización. La calidad académica, el desarrollo nacional y el acceso de los pobres a la educación superior serán los perdedores. De continuarse con una política educativa del talante de la que se viene aplicando, a Colombia le será imposible salir del atraso científico y tecnológico a que lo tienen condenado las minorías que hoy ostentan el poder.


Las bancadas del Polo Democrático Alternativo en el Congreso de la República expresan su enfático rechazo al Plan de Desarrollo y especialmente a la agresión contra las universidades públicas. Asimismo brinda toda la solidaridad con los reclamos democráticos que viene realizando la comunidad universitaria y llama a todos los colombianos a respaldarlos.

Recorte de las transferencias a la regiones

La Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo, Vocero del Polo Democrático Alternativo en el Senado, Bogotá, 10 de mayo de 2007, dice lo siguiente al respecto: “El recorte de los recursos a las regiones es una imposición del Fondo Monetario Internacional”.
El Polo Democrático Alternativo dejó en el senado constancia de voto negativo al Acto Legislativo de Transferencias, trámite en el que el uribismo no permitió que se agotara la lista de oradores ni le concedió la palabra, antes de la votación, al vocero del Polo en dicha corporación.


La constancia de voto en contra tiene como principal sustento que esa ley busca reducirles en $49,8 billones los recursos para salud, educación y saneamiento básico a las regiones, suma que se discrimina en $19,4 billones a los departamentos y $30,4 billones a los municipios. Las siguientes serán algunas de las sumas que se perderán: Caldas: $503.841 millones, Tolima: $786.069 millones, Chocó: $590.000 millones, Bogotá: $4,6 billones, Barranquilla: $863 mil millones, Antioquia: $2,09 billones, Bolívar: $924 mil millones, Nariño: 789 mil millones, Boyacá: $1,01 billones, y Risaralda: $260 mil millones.

En el debate también se probó que el gobierno está dando cifras amañadas, como ocurre cuando cuenta como efectivamente cubiertos por el régimen de salud a 5 millones de colombianos, que si bien están afiliados a la seguridad tienen los derechos suspendidos, porque perdieron el empleo o porque sus patrones no cancelan las cuotas mensuales, al igual que reporta como estudiantes a 3.800.000 niños que aparecen como matriculados, pero que desertaron de las aulas.

El senador Jorge Enrique Robledo denunció el origen de la decisión de golpear más a los pobres de Colombia. Explicó que los recortes empezaron cuando los ordenó el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el acuerdo Stand By del 3 de diciembre de 1999, se ratificaron con un anexo a dicho acuerdo titulado “FMI acoge Plan Colombia”, el 20 de diciembre de 2001, y siguieron con otro pacto con los mismos banqueros, el 23 de mayo de 2006.

Quien lea el último texto, explicó el vocero del Polo, comprobará que no son ciertas las afirmaciones del uribismo de que no habrá recortes o que estos se harán porque ya esos gastos no son necesarios. El párrafo reza: “Transferencias. Según las normas vigentes, a partir de 2009 el esquema de transferencia de recursos a los entes territoriales debe retornar al que existió hasta 2001, y que obligaba a que las transferencias crecieran en la misma proporción en que lo hacían los ingresos corrientes de la administración central.

En virtud a que hacer efectivo dicho cambio atentaría contra la sostenibilidad de las finanzas de la administración central, el gobierno presentará al Congreso una propuesta de reforma constitucional, que, a grandes rasgos, busca hacer permanente el esquema actual, que es de carácter transitorio.”
Foto de El Tiempo
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